El "desarrollo" de los años sesenta y setenta fue otro momento clave para una nueva expansión de la ciudad. El Ayuntamiento de la época se vio obligado a potenciar el transporte de autobús y metro, en detrimento del tranvía. Las deficiencias de transporte público se cubrieron con el taxi.
En 1962, Barcelona comenzó a ofrecer el servicio telefónico en las paradas de taxi. Dos años más tarde, se aprobó en un Consejo de Ministros el Reglamento Nacional de los Servicios de Transportes en Automóviles Ligeros.
El Ayuntamiento de Barcelona constituyó una ponencia para analizar la aplicación del reglamento en esta ciudad. El 26 de mayo de 1965 quedaba aprobado en un pleno municipal el Reglamento de Servicios de Transportes en Autotaxi y otros vehículos de alquiler de Barcelona. El consistorio se atribuía íntegramente la concesión de licencias, así como la regulación de la transferencia entre profesionales.
Los primeros años de la década de los '70 estuvieron marcados por problemas de difícil solución: alto precio de las licencias, proliferación de contratos de arrendamiento, trabajo dependiente con salarios muy bajos.
A finales de la década, la Cooperativa de la Industria del Taxi sufrió una fuerte oposición, paso previo a su posterior decadencia.
En 1973, el gobierno municipal de Enric Massó Vàzquez trató la problemática del taxi con más rigor, marcada por un duro enfrentamiento entre propietarios, arrendadores de licencias, y arrendatarios y asalariados. El problema se intentó solucionar en 1975 con la concesión de 1.693 licencias. Por esas fechas, Barcelona contaba con 10.000 licencias de taxis.
Los taxistas, especialmente asalariados, se organizaban en torno de los sindicatos políticos que operaban de manera semiclandestina. En 1974, l’Unió de Industrials Taxistes se constituía con el nombre de Cooperativa Condal, entretanto otro grupo de autónomos vinculados a las reivindicaciones del 73 fundaba el Sindicat de Trreballadors Autònoms de Catalunya (STATC).
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